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Diálogo sobre la Crisis Mundial del Agua

------------------------------- #PobrezaHidrica ---------- Viernes 24 de Octubre 2014 en Madrid ----------------------------

Conclusiones

By In 8º Dialogo On 4 noviembre, 2014


Cuando se insiste en la importancia de la sostenibilidad como paradigma del nuevo modelo social, en ocasiones se olvida recalcar la íntima relación entre el uso de los recursos naturales y la equidad social, pues su equilibrio aporta cohesión al modelo convivencial.

Los patrones de consumo de los recursos naturales deben acomodarse en lo posible a los ciclos ambientales que los caracterizan ante el riesgo real de que estos recursos acaben esquilmados, y esto hacerlo en consonancia siempre con una realidad social a la que responder. Las dependencias hídricas van creciendo a nivel mundial. Para el año 2025 se espera que 2/3 partes del Planeta estén acusando “stress hídrico” cuando en la actualidad es 1/3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas deben ajustarse en sus principios y metas a esta realidad, debiendo poner en marcha mecanismos de financiación adecuados especialmente en materia de recursos hídricos, para garantizar su adecuado cumplimiento y no ser meras exposiciones de deseos voluntaristas que suponen expresiones vanas de preocupación destinadas más a la opinión pública que a resolver los problemas realmente.

En cualquier caso, un Estado social debe ampliar seguridades vitales como la sanidad, la educación o las pensiones, a otros factores de seguridad ligados a garantizar la disponibilidad de los recursos naturales para todos y su sostenibilidad en el tiempo. Pero esta sostenibilidad como herramienta de Seguridad Integral  solo puede entenderse bajo la lógica de que los recursos naturales son bienes comunes que devienen en públicos al preservarse su uso de manera regulada por el Estado. En este ámbito de Seguridad Global es donde interviene de manera clara la interrelación entre la calidad de los ecosistemas y la de nuestras sociedades. Una relación íntima y biunívoca.

El Agua es un inmejorable ejemplo de esto pues no es solo un recurso esencial para la vida humana y de los ecosistemas, sino que se conforma como un elemento básico de cohesión social, como tantos otros recursos naturales pero quizás incluso más evidente debido a su carácter vital.

En tanto el Agua es un Recurso natural que supone un Bien Común y Público, es generador de Derechos. Los poderes públicos deben preservar y fomentar la calidad ambiental porque esto conlleva directamente a preservar y fomentar los Derechos de la ciudadanía a su disfrute. Los derechos de la ciudadanía a la sostenibilidad. Así lo consideró la Asamblea de Naciones Unidas en julio de 2010, cuando reconoció el acceso al agua y al saneamiento como Derecho Humano, instando a todos los países a que incorporen en sus distintas normativas instrumentos específicos para hacer efectivo este Derecho tan íntimamente relacionado con la propia dignidad del ser humano, Derecho que a su vez confluye en un marco global de Derechos interactuantes como son el ligado a la salud (la contaminación del entorno la agrava, una destrucción de la biodiversidad dificulta el acceso a fármacos, etc…), el Derecho a la alimentación (la seguridad alimentaria y la gestión adecuada del agua, la adecuada gestión del suelo, gestión democrática del territorio, etc…), la participación social (los procesos administrativos ambientales pueden ser un foro muy útil para una toma de decisiones común), etc…; Derechos todos ellos cuya función básica es la de actuar de cohesionantes del sistema social humano.

A esta Resolución antes citada de Julio de 2010, NNUU realizó otras dos especificatorias de la aplicación del Derecho (16/2 de Marzo de 2011 y la 15/9 de Septiembre de 2010). Esta última es especialmente relevante en determinaciones concretas como la exhortación a los Estados a que:

  • Elaboren instrumentos y mecanismos adecuados, que pueden comprender legislación, planes y estrategias integrales para el sector, incluidos los referentes al aspecto financiero, para alcanzar paulatinamente la plena realización de las obligaciones de derechos humanos referentes al acceso al agua potable segura y los servicios de saneamiento.
  • Velen por la total transparencia del proceso de planificación y ejecución en el suministro de agua potable segura y servicios de saneamiento y la participación activa, libre y auténtica de las comunidades locales afectadas y los interesados pertinentes.
  • Presten especial atención a las personas que pertenecen a grupos vulnerables y marginados, especialmente respetando los principios de no discriminación e igualdad entre los géneros.
  • Aprueben y apliquen marcos reguladores eficaces para todos los proveedores de servicios conforme a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, y permitan que las instituciones públicas reguladoras con capacidad suficiente se ocupen de vigilar y hacer cumplir esa reglamentación.
  • Garanticen la existencia de remedios eficaces para las violaciones de derechos humanos estableciendo mecanismos de rendición de cuentas accesibles al nivel adecuado.

Asimismo recuerda que los Estados deben asegurarse de que los proveedores de servicios no estatales (entidades privadas concesionarias del Servicio):

  • Cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos en todos sus procesos de trabajo, en especial dedicándose activamente, junto con el Estado y otros interesados, a detectar posibles abusos contra los derechos humanos y encontrar soluciones para ponerles fin.
  • Contribuyan a proveer un suministro constante de agua potable segura, aceptable, accesible y asequible y servicios de saneamiento de buena calidad y en cantidad suficiente.
  • Elaboren mecanismos eficaces de reclamación para los usuarios y se abstengan de obstaculizar el acceso a los mecanismos de rendición de cuentas de base estatal.

Los Nuevos Tratados Internacionales que afectan al agua directa o indirectamente deben partir de estas bases emanadas de NNUU y no establecer determinaciones que las cuestionaran, especialmente en lo referente al papel del Estado como garante de la aplicación del Derecho al Agua. Muy en particular cobra especial relevancia a este nivel el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTCI) USA/UE, el cual no debe imponer criterios de desregulación de servicios y derechos públicos, siendo además que la Regulación y Control de los Estados es indisociable de los mecanismos de transparencia a la ciudadanía y a los agentes sociales y económicos, tanto en la etapa de elaboración de normativa como en su aplicación, circunstancia que no ha ocurrido hasta la fecha, dominada por una casi total opacidad informativa en el citado TTCI.

No obstante, a pesar de todas estas Resoluciones de NNUU y aún viéndose avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también no es menos cierto que estamos lejos de cumplir lo previsto para el año 2015 (reducción a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua y al saneamiento). Aún más de 800 millones de personas en el mundo, habitantes de Países en Vías de Desarrollo especialmente carecen de agua potable en calidad y más de 2000 millones sin saneamiento adecuado, con los riesgos que se han visto últimamente con enfermedades virales infecciosas como el Ébola que se suman a las que llevan azotando estos países decenas de años (malaria, disentería, fiebre amarilla, dengue, paludismo, etc…).

Pero la pobreza hídrica no se para aquí, sino que ya traspasa las fronteras yendo a países desarrollados. En concreto en España, aunque no existen cifras oficiales (lo cual indica la opacidad del sistema) se podría calcular que en los últimos años han habido unos dos millones de avisos de corte del servicio (afectaría a cinco millones de personas) pudiendo haberse hecho efectivos unos 250.000 cortes reales, generando obvia exclusión social.

Sobre esta base y dado el hecho cierto de que el agua es un Bien Público, el Estado y sus instituciones autonómicas y locales deben realizar en el ámbito de sus competencias, la más estricta Regulación y Control de la gestión del agua para, blindando su titularidad pública, pudiera hacerse efectivo este Derecho al Agua por parte de toda la ciudadanía. Así pues, para evitar nuevos cuestionamientos del estado del bienestar basado en Derechos, en esta materia tan sensible, el aseguramiento del agua debe pasar necesariamente por una nueva Ley de Abastecimiento y Saneamiento para un uso sostenible del Agua que haga absolutamente transparentes todos los escenarios de gestión, especialmente los derechos y deberes emanados de los regímenes concesionales en los que se clarifiquen los principios irrenunciables que garantizan el agua como bien público, determinando por tanto las prohibiciones ante posibles procesos privatizadores de empresas o infraestructuras públicas así como los elementos esenciales garantizadores de ese bien público.

El agua, en España, no puede ser gestionado solo desde la lógica del mercado abierto, sino ceñirse a esta regulación que homogenice criterios, y donde se especifiquen los rangos de eficacia del sistema con plena transparencia, participación social y rendición de cuentas. Estos principios serían generales para la gestión pública y también para las concesiones privadas. Para optimizar la gestión y para los sistemas que actualmente se encuentran privatizados sería necesario realizar un diagnóstico o auditoría de situación del estricto cumplimiento de la normativa y del propio contrato de concesión. El resultado de este análisis condicionaría su mantenimiento siendo así que no debiera descartarse su remunicipalización en caso de resultados negativos del mismo. Asimismo el resultado de esa Auditoría condicionaría la cantidad de recurso necesario pudiendo revisar a la baja las condiciones iniciales de la concesión.

En paralelo se deberá dotar a las empresas públicas de los sistemas más profesionalizados con la entrada en ellas de expertos técnicos que racionalicen la gestión con independencia de intereses partidarios o de cualquier otro tipo alejados de la mera gestión del ciclo del agua. En cualquier caso abogamos porque el ente gestor del agua (sea privado como público), rinda cuentas de sus actividades y decisiones tanto a los poderes públicos de quien dependen como en igual medida a los ciudadanos/as, asumiendo compromisos de Transparencia y Acceso a la Información no sólo relacionada con la cantidad y calidad del recurso sino también con la gestión financiera y contable.

La nueva normativa deberá incluir la configuración básica de un Ente Regulador de carácter público con capacidad para emitir criterios homogéneos de gestión y centralizar la información a nivel estatal sobre abastecimiento y depuración, así como determinar los aspectos de control necesarios para garantizar equitativamente el Derecho al agua.

Líneas básicas que, a su vez, debería incluir este nuevo marco regulador serían:

  • Prohibición de la aplicación de cánones de concesión de la operación del servicio, alejados del ciclo del agua.
  • Criterios de mantenimiento de la calidad de los ecosistemas y de los servicios que conllevan, que pudieran estar afectados en el sistema global de gestión del ciclo integral del agua.
  • Prohibición de cortes en el servicio debido a impagos y un aseguramiento de un mínimo acceso de agua incluso en caso de ciudadanos con deudas pendientes y cuya situación de precariedad fuera constatada por el gobierno municipal.
  • Inclusión de aspectos ligados a la explotación como es transparencia en la información de los beneficios de explotación, reinversiones en el sistema o desinversiones que supusieran revisión tarifaria.
  • Prohibición expresa de un incremento de las tarifas no regulado en los contratos/convenios de concesión de la gestión, ni antes de las posibles licitaciones.
  • Potenciar líneas de Educación Ambiental transversalmente para reducción consumo.
  • Con independencia de quien fuera el operador (público o privado) establecimiento de una duración máxima de cinco años de la concesión, prorroglable tras una auditoría de gestión a realizar por entidad independiente y aprobada por la Administración concesional y por el Ente Regulador.
  • Prohibición de la privatización o coparticipación pública-privada de las infraestructuras de captación y distribución primaria de aguas.

 

Octubre 2014

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